AYSA. Mekorot, la empresa israelí que se quiere quedar con AySA

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de AySA, la empresa israelí Mekorot reaparece en escena como posible interesada en el negocio del agua en Argentina. Pero su presencia en el país no es nueva: desde 2022, ya había desembarcado de la mano del Frente de Todos, en el marco de un "Plan Maestro de Conservación y Gestión del Agua" impulsado por el entonces ministro del Interior, Wado de Pedro.

En aquel acto oficial, compartido con los gobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Rodolfo Suárez (Mendoza), se celebró un acuerdo con Mekorot que abarcó también a otras provincias: La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. De Pedro planteó la necesidad de un "gran consenso argentino" para transformar la gestión del agua en una política de Estado, abriendo así la puerta a un actor extranjero con amplio poder técnico y geopolítico.

Fundada en 1937, Mekorot es la empresa estatal responsable de la planificación y gestión del recurso hídrico en Israel. Pero su historia también está marcada por la política: desde 1982, la firma opera en territorios palestinos, donde las comunidades locales tienen prohibido perforar nuevos pozos, ahondar los existentes o instalar bombas, y se les restringe el acceso al río Jordán y otras fuentes de agua dulce.

El desembarco de Mekorot en Argentina se da en un contexto de desmantelamiento de la infraestructura institucional estatal del agua. En el último año, el Gobierno cerró el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), desguazó el INA (Instituto Nacional del Agua), y paralizó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Todo esto mientras se habilita la privatización de AySA -empresa que brinda servicios a más de 15 millones de personas- y se preparan condiciones legales para cortar el suministro a quienes no puedan pagar.

Argentina posee una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, pero avanza hacia un modelo de entrega del recurso estratégico, que combina decisiones del actual gobierno con acuerdos firmados en gestiones anteriores. Lo que está en disputa no es solo una empresa, sino el control del agua como derecho, bien común o mercancía.