9 de diciembre de 2025

REFORMA LABORAL

REFORMA LABORAL . La reforma laboral desfinancia al sistema previsional y podría afectar los haberes jubilatorios

El proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso incluye una reducción de aportes patronales destinada a financiar un nuevo esquema de indemnizaciones. Especialistas advierten que la medida recortará ingresos clave del sistema previsional y pone en riesgo el financiamiento de jubilaciones y pensiones.

El Gobierno presentará este martes la reforma laboral, con cambios que afectarán aún más la recaudación de un sistema previsional ya golpeado. la misma introduce cambios estructurales en el esquema de indemnizaciones por despido. En ese sentido, uno de los ejes centrales es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que se financiarán con un aporte obligatorio de las empresas equivalente al 3% de la masa salarial. Sin embargo, ese aporte no será adicional: se descontará directamente de las contribuciones patronales que hoy tienen como destino el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Es decir, el cambió desfinanciará al sistema.

Según detalla el propio texto oficial, los empleadores alcanzados por el nuevo régimen accederán a una rebaja de tres puntos porcentuales en sus aportes previsionales mientras dure la vigencia del sistema. La medida implica, en los hechos, que una parte del financiamiento de las indemnizaciones provendrá de recursos que hoy sostienen jubilaciones y pensiones. La información fue difundida por la periodista Elizabeth Peger en el diario Clarín.

La reforma laboral será presentada este martes a las 13:30 en Casa Rosada junto a los integrantes del denominado Consejo de Mayo, encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También participarán el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y representantes del arco legislativo. Tras el anuncio, el proyecto ingresará al Senado y se prevé que sea debatido durante las sesiones extraordinarias de diciembre, junto al Presupuesto 2026. El oficialismo apunta a conseguir su aprobación antes de fin de año.

Desde la Casa Rosada plantean que la reforma busca reducir el "costo laboral" y estimular el empleo formal mediante un alivio en las cargas patronales. No obstante, el paquete de modificaciones incluye disposiciones que impactan de lleno en derechos laborales consolidados: se reduce la base de cálculo de las indemnizaciones al excluir ítems como el aguinaldo y las vacaciones, se elimina la ultractividad de los convenios colectivos y se priorizan las negociaciones por empresa por sobre las de actividad, un punto fuertemente cuestionado por los sindicatos.

El recorte de aportes previsionales para financiar los FAL abre además un interrogante clave sobre la sustentabilidad del sistema jubilatorio. La rebaja del 3% en las contribuciones patronales destinadas al SIPA implicará una caída directa en los recursos de la ANSES, sin que el proyecto precise cómo se compensará ese faltante. A eso se suman otros beneficios para los empleadores: la reducción permanente de aportes para el empleo ya registrado y estímulos adicionales para nuevas contrataciones. El Gobierno sostiene que el impacto se revertirá con más trabajo formal, aunque experiencias recientes -incluidos los cambios impulsados en 2024- no mostraron ese resultado y, por el contrario, coincidieron con un aumento del empleo no registrado.

De acuerdo con estimaciones basadas en datos oficiales, la pérdida anual de ingresos para el sistema previsional solo por el aporte del 3% destinado a los FAL podría ubicarse en torno a los USD 2.600 millones, tomando como referencia el salario bruto promedio informado al SIPA. Si se consideran las cifras del sistema de Cuentas Nacionales del INDEC sobre remuneraciones asalariadas, ese monto podría escalar hasta aproximadamente USD 4.700 millones por año.

A este impacto se suma otra modificación incluida en la reforma: la baja permanente del aporte patronal al sistema de obras sociales, que pasará del 6% al 5%. Esa reducción implicaría una merma adicional cercana a los USD 1.000 millones anuales. En el caso de los trabajadores que derivan aportes a empresas de medicina prepaga, el recorte trasladará el costo directamente a esos esquemas de atención.

El texto también prevé una disminución generalizada del 3% en las contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la Seguridad Social, incluidos el SIPA, el régimen de Asignaciones Familiares, el Fondo Nacional de Empleo y el PAMI. Para servicios y comercio, la alícuota bajará del 20,40% al 17,40%, mientras que en el resto del sector privado caerá del 18% al 15%. Según cálculos preliminares, estas rebajas podrían reducir los ingresos del sistema en alrededor de USD 3.000 millones anuales.

Todo este desfinanciaciento del sistema dificilmente sea compensado con un aumento del trabajo registrado, y en caso de hacerlo no proyecta una mejor recaudación sino apenas una compensación. Por consiguiente, el proyecto de reforma laboral redundaría en un impacto negativo en los haberes previsionales.

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