SUBSIDIOS. La interna de los colectivos que amenaza con destapar un escándalo millonario y pone al Gobierno bajo sospecha

Una guerra entre empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amenaza con derivar en un escándalo millonario vinculado al sistema de subsidios al transporte. La disputa, que ya escaló a instancias administrativas y judiciales, dejó al descubierto acusaciones por desvío de fondos, recorridos inflados y controles deficientes, con impacto directo sobre recursos públicos.

En el centro de la controversia aparece La Nueva Metropol, señalada por otras compañías del sector por un presunto desvío de hasta $30.000 millones mediante un esquema que habría permitido sobrefacturar kilómetros recorridos y maximizar compensaciones estatales. Según las presentaciones, existirían inconsistencias entre los servicios efectivamente prestados y los montos reconocidos por el propio Gobierno.

Pero las denuncias no se agotan en el plano empresarial. La magnitud de los montos involucrados también pone al Gobierno bajo sospecha, en su rol de administrador, auditor y pagador del sistema. El Ejecutivo no solo transfiere los subsidios, sino que define recorridos, valida datos operativos y controla la liquidación de fondos. Frente a cifras de esta escala, surge un interrogante central: si hubo desvíos, fue por fallas graves de control o por una decisión política de mirar hacia otro lado.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el uso de la información del sistema SUBE, que registra viajes y validaciones. Desde el sector denuncian que los datos no siempre se cruzan de manera integral con kilómetros declarados, frecuencias reales y flotas en circulación, lo que debilita la trazabilidad y amplía el margen para irregularidades.

Ante la escalada del conflicto, la Secretaría de Transporte analiza la documentación presentada y evalúa reforzar los mecanismos de fiscalización. Fuentes oficiales reconocen que el esquema actual requiere auditorías más estrictas y controles en tiempo real para despejar dudas y evitar nuevas controversias.

Mientras avanzan las investigaciones, la interna empresaria volvió a poner en agenda el funcionamiento del transporte público y la responsabilidad política del Gobierno en el control de los subsidios. El desenlace del caso podría derivar en sanciones, revisiones contractuales o cambios en el modelo de compensaciones, con impacto directo en empresas, usuarios y en la política de transporte.