ML VS TEMU. La guerra silenciosa del e-commerce: Mercado Libre y Temu, cara a cara en la Justicia

El desembarco de Temu en el mercado argentino encendió una de las disputas más intensas del ecosistema digital. Lo que comenzó como una denuncia administrativa terminó escalando a una batalla judicial de alto impacto, con Mercado Libre acusando a la firma china de desplegar estrategias comerciales desleales que afectarían tanto a la competencia como a los consumidores.

Según el expediente, la empresa fundada por Marcos Galperin sostiene que Temu utiliza publicidad engañosa, con promociones de productos "gratuitos" o descuentos del 100% que, en la práctica, están sujetos a condiciones ocultas, como montos mínimos de compra o costos de envío elevados. Además, denuncia precios predatorios, es decir, valores por debajo del costo real con el objetivo de ganar rápidamente cuota de mercado y desplazar a competidores locales.

Otro de los ejes centrales de la acusación apunta a mecanismos de coerción al consumidor, como juegos, contadores de tiempo y mensajes de "urgencia" que inducen decisiones de compra sin información clara. Para Mercado Libre, estas prácticas violan el principio de lealtad comercial y el derecho de los usuarios a recibir información veraz y transparente sobre los productos y servicios ofrecidos.

Desde Temu rechazaron las acusaciones y calificaron la ofensiva judicial como una estrategia de "sham petition", es decir, el uso del sistema legal para bloquear el ingreso de nuevos competidores. La compañía argumenta que su modelo se basa en alianzas logísticas internacionales, una fuerte campaña en redes sociales y economías de escala que le permiten ofrecer precios más bajos, sin incurrir -según aseguran- en prácticas ilegales.

En el plano administrativo, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor ya había dispuesto una medida preventiva que ordenó suspender ciertas publicidades de Temu por considerarlas engañosas. Sin embargo, el conflicto se profundizó cuando la empresa china cuestionó la legalidad del procedimiento y denunció arbitrariedad y falta de garantías, llevando el caso a distintas instancias judiciales.

Ahora, la definición está en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver quién tiene competencia para tratar el caso y si corresponde avanzar con el fondo de la denuncia. Más allá del fallo, el desenlace marcará un precedente clave sobre cómo se regulan las plataformas digitales, el alcance de la defensa de la competencia y los límites del comercio electrónico global en la Argentina.