2 de febrero de 2026
La CGT, sindicatos universitarios y organizaciones continentales repudiaron la detención y expulsión de Marcelo Di Stefano, secretario de la CSA, en lo que califican como una grave violación a la libertad sindical y al diálogo social.
El sindicalismo argentino e internacional encendió la alarma tras la detención, retención y posterior deportación de Marcelo Di Stefano por parte del gobierno de Panamá. El hecho ocurrió el 1° de febrero, cuando el dirigente arribó al aeropuerto internacional de Tocumen para participar de actividades sindicales en el marco de una misión con presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según relató el propio Di Stefano en sus redes sociales, fue retenido durante varias horas y luego expulsado del país sin recibir explicaciones formales, a pesar de contar con toda la documentación en regla y de participar en representación de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) en una actividad de seguimiento de denuncias internacionales por violación a la libertad sindical.
La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado en el que denunció el accionar del gobierno panameño como "arbitrario e inaceptable", señalando que se trata de un ataque directo al sindicalismo internacional, al diálogo social tripartito y a la propia OIT. En el texto, la central obrera exigió explicaciones inmediatas y públicas y el cese de toda práctica de hostigamiento contra la acción sindical.

En el mismo sentido se pronunciaron sindicatos del ámbito universitario. APUBA expresó su repudio a la agresión sufrida por Di Stefano, denunciando que fue detenido injustificadamente durante más de siete horas antes de ser deportado. La organización remarcó que el dirigente se encontraba en Panamá en cumplimiento de funciones institucionales y manifestó su total solidaridad frente a lo que consideró una persecución política contra el movimiento obrero.
El repudio se extendió a nivel continental. La CONTUA, Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de las Universidades de las Américas, calificó el hecho como una grave violación a las libertades democráticas y sindicales consagradas en convenios internacionales, y advirtió sobre el carácter autoritario y antidemocrático del accionar del Estado panameño, al criminalizar la actividad sindical incluso en el plano internacional.
Las organizaciones firmantes coincidieron en que la detención y deportación de Di Stefano no es un hecho aislado, sino parte de un contexto de creciente hostigamiento al sindicalismo y a la denuncia internacional de violaciones a la libertad sindical. En ese marco, ratificaron el estado de alerta permanente y reclamaron garantías plenas para el libre ejercicio de la organización sindical y la solidaridad internacional en las Américas.
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