SUBSIDIOS. Caputo echó al secretario de Transporte y destapó una olla millonaria con los subsidios a los colectivos

La salida del secretario de Transporte, Luis Pierini, no fue una renuncia más. Detrás de su desplazamiento, decidido por el ministro de Economía Luis Caputo, aparece una grave denuncia por presunta corrupción en el sistema de subsidios al transporte automotor, que involucra a la empresa La Nueva Metropol y un perjuicio estimado en 30 mil millones de pesos para el Estado.

Según la denuncia presentada por la Asociación Arco Social, el mecanismo consistía en alterar datos técnicos del sistema SUBE, realizando un corrimiento artificial de validaciones desde tramos cortos a recorridos más largos. De esa manera, determinadas empresas cobraban subsidios más altos sin correlato real en pasajeros transportados ni kilómetros recorridos, una maniobra que, de confirmarse, configuraría un esquema de defraudación sostenida en el tiempo.

Lo más delicado del caso es que existían advertencias técnicas formales desde diciembre de 2025, presentadas por cámaras empresarias ante la Secretaría de Transporte. Sin embargo, no se habrían tomado medidas correctivas ni auditorías efectivas, lo que instala una pregunta central: ¿Pierini no actuó por negligencia o porque el tema ya estaba siendo tolerado dentro del Gobierno?

En ese marco, la decisión de Caputo de remover al funcionario mendocino abre una segunda capa de sospechas. El ministro no solo ejecutó el desplazamiento, sino que lo hizo con el aval de Karina Milei, y ahora avanzaría sobre un control más estricto del área aerocomercial. ¿Caputo tomó conocimiento pleno del esquema y decidió cortar por lo sano, o el escándalo lo obligó a reaccionar cuando la olla ya estaba destapada?

Desde Arco Social remarcaron la "responsabilidad por omisión funcional" de las autoridades encargadas de la supervisión y ejecución presupuestaria de los subsidios, apuntando directamente al Ministerio de Economía. La acusación no se limita a una empresa: pone bajo la lupa al sistema de control estatal, que permitió durante meses -o años- la liquidación de fondos públicos sin cruces eficientes entre SUBE, recorridos reales y kilómetros declarados.

La investigación, revelada inicialmente por La Nación, también expuso la interna feroz entre los grupos empresarios del transporte. Mientras La Nueva Metropol niega la maniobra y denuncia una operación impulsada por el Grupo DOTA, el escándalo ya escaló al plano político y judicial, con una denuncia penal que salpica no solo a privados sino también a funcionarios.

Por ahora, el Gobierno optó por sacrificar a Pierini, nombrar un reemplazo sin experiencia en transporte y mostrar reacción. Pero la pregunta sigue abierta: ¿quiénes más sabían lo que estaba pasando con los subsidios?, ¿cuánto tiempo funcionó el esquema?, y por qué recién ahora se actúa cuando el monto del presunto fraude alcanza cifras multimillonarias?