15 de febrero de 2026
Un cambio de último momento en el pago de licencias abrió una fuerte disputa dentro del oficialismo y amenaza con complicar el tratamiento en Diputados.
La reforma laboral aprobada en el Senado incorporó sobre la hora una modificación sensible en el régimen de licencias que no figuraba en el texto original enviado por el Ejecutivo. El nuevo artículo establece que, si el trabajador sufre una enfermedad o accidente no derivado directamente de la prestación laboral, podrá cobrar solo el 50% de su salario, o el 75% en determinadas circunstancias, lo que implica un recorte significativo respecto del esquema vigente.
El punto fue introducido durante el debate en el recinto y generó un inmediato revuelo político. Las miradas apuntaron hacia Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, quienes encabezaron la negociación técnica del capítulo laboral. Sturzenegger defendió públicamente la modificación y habló de "abusos" en las licencias, argumentando que en ciertos casos el empleador no debía afrontar el 100% del salario si el hecho no tenía relación con el trabajo.
Sin embargo, puertas adentro de la Casa Rosada comenzaron las desmentidas cruzadas. Funcionarios aseguraron que "esa parte no estaba en el proyecto original" y que apareció en la conversación final con aliados antes de llegar al recinto. Otros admitieron que el artículo "se metió a último momento" y que no todos estaban al tanto del detalle fino del cambio.
En ese marco, fuentes oficiales reconocen que Bullrich aceleró con todo para que la reforma saliera sin fisuras y quedar como la protagonista política del triunfo legislativo. Su rol fue central en la negociación y tuvo incluso un cierre de 45 minutos en el recinto, donde defendió el paquete completo. Ese protagonismo generó ruido interno y alimentó una tensión con Karina Milei, quien concentra la estrategia política del espacio y la definición final de los movimientos legislativos.
La interna no es menor porque el escenario en Diputados aparece mucho más frágil. Si la reforma laboral sufre modificaciones, el proyecto debe volver al Senado, lo que dejaría al oficialismo con una semana escasa para cumplir los plazos de las sesiones extraordinarias. Si no logra sancionarse en ese período, el debate pasará al ámbito de las ordinarias, donde los legisladores pueden presentar proyectos propios y ya no rige exclusivamente la agenda del Poder Ejecutivo.
En ese contexto, el bloque de Provincias Unidas ya anticipó que no acompañará el capítulo de licencias, y en el PRO también surgieron dudas sobre ese artículo. Con ese escenario, el recorte en el pago de licencias podría caerse en Diputados, obligando al Gobierno a enviar nuevamente el texto modificado al Senado y abriendo una negociación contrarreloj.
Además, otros puntos de la reforma también están bajo revisión y podrían recibir cambios en la Cámara baja, lo que complejiza aún más la estrategia oficial. Con acuerdos todavía inestables y una interna expuesta dentro de La Libertad Avanza, el capítulo de licencias no solo se transformó en el foco de la polémica política, sino en un factor que puede alterar el calendario legislativo y el resultado final de la reforma laboral.
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