REFORMA LABORAL . Reforma laboral: el Senado la aprobó por 42 a 30 y el proyecto avanza con cambios en indemnizaciones, jornada, justicia y sistema impositivo

Con 42 votos afirmativos y 30 negativos, el Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el oficialismo y giró el proyecto a la Cámara de Diputados. El texto reúne una batería de modificaciones estructurales que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo hasta cambios en la justicia laboral, incentivos fiscales y un régimen especial para medianas inversiones.

En el capítulo de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, la iniciativa introduce cambios profundos en las relaciones laborales, con mayor flexibilidad en la contratación y una redefinición del esquema indemnizatorio. En materia salarial, se establece que los pagos deberán realizarse por medios bancarios, se incorpora el concepto de "salario dinámico" acordado en convenios y se excluyen de la base de cálculo indemnizatoria conceptos como aguinaldo, premios o bonos. Además, se fija un tope vinculado al convenio colectivo y se habilita la posibilidad de compensar indemnizaciones con pagos ya efectuados.

Uno de los puntos centrales es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que podrán constituirse con aportes patronales para cubrir eventuales despidos, modificando el sistema tradicional. También se regulan vacaciones -con posibilidad de fraccionamiento- y se habilita la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas diarias, respetando el descanso semanal, junto con la implementación del banco de horas para compensar extras con francos.

El proyecto redefine además el régimen de enfermedades y accidentes de trabajo, estableciendo que, si el hecho es ajeno a las tareas laborales, el trabajador percibirá el 50% del salario básico durante los primeros meses y el 75% en determinados supuestos. En paralelo, mantiene la cuota sindical obligatoria y ratifica la prioridad de los convenios de empresa por sobre los sectoriales en ciertos aspectos.

En relación al derecho de huelga, la reforma fija prestaciones mínimas obligatorias en actividades esenciales -con cobertura de hasta el 75% del servicio- y porcentajes en servicios trascendentales. También crea una nueva categoría para trabajadores de plataformas digitales, definiendo al repartidor como independiente y estableciendo que no habrá relación de dependencia tradicional. Asimismo, mantiene la derogación de varios estatutos profesionales históricos, aunque con un plazo transitorio para su aplicación.

El segundo eje apunta a la formalización y creación del empleo, con incentivos impositivos para registrar trabajadores no declarados y regularizar situaciones laborales. Se crea el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) y un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), con reducción de contribuciones patronales y beneficios fiscales por tiempo determinado, bajo condiciones específicas.

En el plano judicial, la iniciativa impulsa cambios en la Justicia Nacional del Trabajo, con el objetivo de acelerar el traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y "desactivar la industria del juicio". Se establece que los acuerdos homologados tendrán efecto de cosa juzgada y se introducen límites a honorarios e intereses. También se mantiene la vigencia de la justicia laboral nacional hasta que se concrete el traspaso definitivo.

El proyecto incorpora además un capítulo de reforma tributaria, que incluye reducción de impuestos internos, eliminación de gravámenes a determinados productos y cambios en el financiamiento del INCAA. Finalmente, se crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que prevé amortización acelerada, devolución anticipada del IVA y beneficios en Ganancias para inversiones productivas de entre US$150.000 y US$9 millones.

Con la media sanción ya obtenida, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará ratificar los acuerdos alcanzados en el Senado. Mientras tanto, centrales sindicales y sectores opositores anticiparon nuevas movilizaciones y medidas de fuerza ante lo que consideran una transformación estructural del sistema laboral argentino.