20 de enero de 2026
El nuevo esquema incorporado por el gobierno de Javier Milei reactiva un viejo reclamo sindical y reabre el debate sobre el salario como derecho y no como ganancia.
Desde el 1° de enero rige un nuevo esquema del impuesto a las Ganancias impulsado por el gobierno de Milei, que establece que los trabajadores solteros sin hijos comenzarán a tributar a partir de un sueldo bruto de $3.000.000, mientras que para los casados con hijos el umbral es más alto. La medida alcanza a trabajadores en relación de dependencia y se aplica de manera retroactiva.
Desde el movimiento sindical remarcan que el impuesto a las Ganancias sobre el salario es una discusión histórica, y recuerdan que durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía se logró eliminar el impuesto a las Ganancias (cuarta categoría) para los trabajadores en relación de dependencia y para los jubilados, tras una ley votada en el Congreso Nacional. Aquella decisión fue presentada como una conquista concreta de una lucha sostenida durante años por la CGT y los gremios.
Con el nuevo esquema, sectores asalariados vuelven a quedar alcanzados por el tributo, en especial aquellos que lograron recomponer ingresos a través de paritarias para no perder frente a la inflación. Desde los sindicatos advierten que esto genera una paradoja salarial: aumentos que, lejos de mejorar el poder adquisitivo, terminan siendo absorbidos por la carga impositiva.
Además, la aplicación retroactiva obliga a recalcular retenciones y puede generar descuentos adicionales en los próximos recibos de sueldo, lo que provoca preocupación entre los trabajadores y reclamos en los ámbitos laborales.
Desde las organizaciones gremiales insisten en que el salario no puede ser tratado como una ganancia, y que cualquier esquema impositivo debe contemplar el deterioro del ingreso real y el impacto de la inflación sobre el bolsillo de los trabajadores.
Según estimaciones oficiales, alrededor de un millón de trabajadores se encuentran actualmente alcanzados por el impuesto.
El debate vuelve a instalarse en un contexto de negociaciones paritarias abiertas, donde el movimiento sindical reclama que cualquier política fiscal sea compatible con la defensa del salario y el empleo.
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