AEROLÌNEAS ARGENTINAS. El Gobierno vuelve a la carga con la privatización de Aerolíneas Argentinas y apuesta al nuevo Congreso

El Gobierno vuelve a poner sobre la mesa la privatización de Aerolíneas Argentinas, un objetivo que ya había intentado impulsar en 2024 y 2025, pero que debió postergar por falta de apoyo legislativo. Esta vez, el contexto político es diferente: las elecciones del domingo pasado fortalecieron al oficialismo en el Congreso, y desde Casa Rosada aseguran que existe un clima más favorable para avanzar con la iniciativa.

Pasó entonces para 2025, pero el problema central era exactamente el mismo que un año antes. La avanzada privatizadora dependía del Congreso, que debe aprobar sí o sí el proyecto para que se haga realidad. Ante la falta de los votos necesarios, el Ejecutivo optó por no avanzar. Ahora, con una nueva composición parlamentaria y un mayor peso propio, el Gobierno vuelve a tantear el terreno.

Está claro que el Ejecutivo esperará a que el nuevo Congreso asuma formalmente antes de dar el paso, pero la idea de privatizar la compañía no se baja. Fuentes oficiales sostienen que la intención de Javier Milei es desprenderse del 100% del paquete accionario y que el debate podría comenzar a motorizarse durante la primera parte de 2026.

Dentro de esta estrategia, uno de los puntos en discusión será si el proyecto de privatización de Aerolíneas se envía de manera individual o dentro de un paquete más amplio de reformas, que incluya a otras empresas con participación estatal. El antecedente inmediato fue la Ley Bases, de la que Aerolíneas quedó fuera para evitar trabas políticas en el tratamiento.

Mientras se intenta allanar el camino legislativo, el plan oficial apunta a mostrar una empresa "saneada" y atractiva para el mercado. En esa línea, la asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó a fines de agosto el balance 2024, que arrojó una ganancia contable de 271.000 millones de pesos, cifra que el Gobierno utilizará como argumento para demostrar que la empresa puede funcionar sin subsidios del Estado.

Desde el entorno del presidente sostienen que la compañía ya habría reducido significativamente sus costos operativos y eliminado rutas deficitarias. En paralelo, los gremios aeronáuticos advierten sobre los riesgos laborales y de conectividad federal que implicaría una venta total, y preparan estrategias para resistir cualquier intento de privatización.