6 de agosto de 2025
El nuevo baremo unifica criterios, excluye el dolor como factor y establece topes para la incapacidad parcial.
El Gobierno nacional oficializó una profunda modificación en la forma de calcular las incapacidades laborales permanentes derivadas de accidentes o enfermedades profesionales. A través del Decreto 549/2025, publicado en el Boletín Oficial, se aprobó una nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales que reemplaza al baremo vigente desde 1996.
La norma comenzará a regir en febrero de 2026 y será de aplicación obligatoria en todo el país, tanto en las comisiones médicas como en los juzgados laborales, modificando el cálculo de indemnizaciones que reciben los trabajadores afectados.
Entre los cambios más relevantes, se elimina el uso del dolor como criterio de valoración, se establece el uso obligatorio del método de "capacidad restante" (que impide sumar las secuelas de forma lineal), y se incorporan nuevos factores de ponderación como la edad, el tipo de actividad y la posibilidad de reubicación.
El decreto fija un tope de 65,99% para incapacidades parciales, aunque los factores adicionales eleven el cálculo. En casos totales, no se podrá superar el 100%.
La nueva tabla detalla con precisión los porcentajes de incapacidad por fracturas, amputaciones, quemaduras, lesiones musculares y articulares, y por primera vez incorpora tablas de goniometría para medir la movilidad de articulaciones. Además, regula cómo evaluar daños en zonas ya lesionadas antes de un nuevo accidente y qué hacer ante enfermedades no contempladas.
El dolor, por ser considerado un síntoma subjetivo, queda fuera del cálculo, lo cual podría disminuir los montos reconocidos en algunos casos. A su vez, si una enfermedad no figura en el nuevo listado, se aplicará el baremo previsional del Decreto 478/98, más general y menos preciso.
Desde el Gobierno explicaron que la medida apunta a unificar criterios y garantizar mayor objetividad, en línea con fallos de la Corte Suprema y consensos del Comité Consultivo Permanente. Sin embargo, especialistas advierten que esta reforma podría reducir el porcentaje de incapacidad reconocida en algunos trabajadores, especialmente si no se evalúan adecuadamente las particularidades de cada actividad.
La entrada en vigencia de este sistema exigirá una urgente capacitación técnica de sindicatos, abogados laborales y peritos médicos
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