DESPIDOS. El Gobierno frenó el paro en Vaca Muerta pero no exige revertir los despidos

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, en medio de un fuerte reclamo por más de 1.200 despidos y 2.000 suspensiones en la industria hidrocarburífera.

La medida, que rige desde las 9:00 del 30 de julio y por un plazo de 15 días, busca frenar el paro que amenazaba con paralizar la producción en Vaca Muerta, uno de los yacimientos más importantes del país. Según el comunicado oficial, el objetivo es "preservar la paz social y garantizar la continuidad de los servicios".

Sin embargo, el Gobierno evitó exigir a las empresas la reincorporación del personal despedido o la suspensión de los ceses, lo que en los hechos debilita el alcance real de la conciliación. Para el gremio, la medida sólo busca desactivar el conflicto sin abordar el problema de fondo: la pérdida masiva de puestos de trabajo en una actividad considerada estratégica.

Desde el sindicato habían convocado al paro en rechazo a una serie de despidos que, según denuncian, responden a una reestructuración unilateral impulsada por las operadoras, en complicidad con un Estado que mira para otro lado. La situación genera alarma en una región donde la actividad petrolera sostiene miles de empleos directos e indirectos.

Durante el período de conciliación, el gremio deberá cesar toda medida de fuerza y garantizar la normal prestación de los servicios, mientras que las empresas no están obligadas a revertir las cesantías ya ejecutadas.