TRANSPORTE. Deuda millonaria y sistema al límite: el Gobierno "pisó la caja" del transporte

El conflicto por los subsidios al transporte en el AMBA sumó un nuevo capítulo crítico: empresas del sector aseguran que el Gobierno nacional dejó de girar fondos desde enero y febrero, generando una deuda que ya alcanza los $200.000 millones.

A ese escenario se suma un dato clave: la recaudación del Gobierno nacional lleva nueve meses consecutivos de caída, lo que reduce los ingresos fiscales y tensiona aún más la capacidad del Estado para sostener subsidios. En ese marco, también pesan los próximos vencimientos de deuda externa con el FMI y compromisos con la banca internacional, lo que incrementa la presión sobre las cuentas públicas y condiciona el destino de los recursos.

Según advierten, la situación no responde únicamente a un recorte presupuestario, sino a una decisión más profunda: "pisar la caja", es decir, no transferir recursos que ya estaban asignados al sistema. En términos concretos, explican que si por presupuesto correspondían 80, el Gobierno envía 30 y deja de girar el resto, afectando directamente el funcionamiento de las líneas.

En ese marco, el riesgo más inmediato fue el pago de salarios, ya que las empresas alertaron que no contaban con liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones. Recién en las últimas horas, el Gobierno liberó $50.000 millones, un monto parcial que permitió descomprimir momentáneamente la situación.

Sin embargo, desde el sector remarcan que el problema de fondo sigue intacto. "Tenemos un problema de caja literal", señalaron desde el transporte, en referencia a la falta de ingresos para sostener el funcionamiento del sistema.

Los efectos ya se sienten en la calle: en varias líneas los colectivos comenzaron a operar con frecuencia de sábado en días hábiles, lo que implica más espera, menor oferta de unidades y un servicio deteriorado para millones de usuarios.

A esto se suma un factor externo que presiona aún más los costos: la suba de la energía y los combustibles a nivel internacional, lo que impacta directamente en el precio del gasoil utilizado por las unidades.

Frente a este escenario, el Gobierno planteó la necesidad de avanzar en una reestructuración integral del transporte en el AMBA, con el objetivo de que el sistema sea "sostenible" a partir de la tarifa, la cantidad de líneas y la flota operativa.

Esa discusión abre un debate sensible: si el sistema deja de depender de subsidios, el ajuste podría trasladarse a los usuarios o a la reducción del servicio, en un contexto donde millones de trabajadores dependen diariamente del colectivo.

Actualmente, en el AMBA se movilizan más de 9 millones de personas por día en colectivo, lo que convierte al transporte público en un servicio esencial cuyo deterioro impacta directamente en la vida cotidiana.

Mientras tanto, la combinación de deuda, caída de recaudación, suba de costos energéticos y pagos parciales mantiene al sistema en una situación de alta fragilidad, con la posibilidad de nuevos conflictos en el corto plazo.