6 de agosto de 2026
La resistencia de los prácticos obligó al Ejecutivo a frenar el decreto 690, normalizar el comercio exterior y abrir una mesa de negociación sobre la actividad.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los prácticos portuarios comenzó a encaminarse luego de que las autoridades resolvieran suspender la aplicación del decreto 690, que introducía importantes cambios en la regulación de la actividad. La decisión permitió normalizar progresivamente el movimiento de buques y las operaciones de comercio exterior.
Los prácticos cumplen una función esencial para el ingreso, la navegación y la salida de las embarcaciones en puertos, canales y vías navegables. Se trata de profesionales especializados que asesoran a los capitanes y conocen las características particulares de cada zona, como profundidades, corrientes y condiciones de maniobra.
El decreto impulsado por el área de Desregulación había modificado las reglas de funcionamiento del sector y generado un fuerte rechazo entre los trabajadores. Las organizaciones que los representan advirtieron que la reforma podía afectar la seguridad de la navegación, las condiciones laborales y la calidad de un servicio estratégico.
Frente a la falta de respuestas, los prácticos iniciaron medidas de fuerza que impactaron directamente sobre el comercio exterior. La paralización provocó demoras en las terminales y dificultades para el ingreso y egreso de embarcaciones, lo que encendió las alarmas entre empresas exportadoras, autoridades portuarias y sectores productivos.
La magnitud del conflicto obligó al Gobierno a revisar su posición. Tras varias reuniones, se acordó suspender temporalmente los cambios y conformar una mesa de negociación para discutir una nueva regulación. La marcha atrás permitió destrabar las operaciones, aunque los puntos de fondo todavía deberán ser tratados.
Desde el sector señalaron que nunca existió una negativa a discutir modificaciones o mejoras, pero reclamaron que cualquier reforma sea realizada con participación de los profesionales. También remarcaron que las decisiones sobre navegación no pueden tomarse únicamente con criterios de reducción de costos o desregulación económica.
El conflicto volvió a colocar a Federico Sturzenegger en el centro de la escena. La reforma había sido presentada como parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno, pero terminó generando una crisis operativa que obligó a las autoridades a suspender su aplicación.
La experiencia puso en evidencia los riesgos de modificar actividades técnicas y estratégicas sin contemplar la opinión de quienes las realizan. La seguridad portuaria, la protección ambiental y el funcionamiento del comercio exterior dependen de procedimientos que requieren experiencia, controles y responsabilidades claramente establecidas.
Con la suspensión del decreto, los servicios comenzaron a normalizarse y los buques retomaron sus operaciones. La mesa de diálogo deberá definir ahora una regulación definitiva que garantice el funcionamiento de los puertos sin poner en riesgo la seguridad, las condiciones laborales ni la soberanía sobre las vías navegables.
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