25 de noviembre de 2025
Desde el gobierno de Mauricio Macri, se ha instalado en la Argentina un relato que habla de una supuesta industria de juicios laborales. Los datos, sin embargo, señalan que los juicios son muy pocos en relación a la masa laboral del país.
Imagen generada con Chat GPT
Mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral con el argumento de que el país padece una "industria del juicio", los datos oficiales muestran un panorama completamente distinto: la litigiosidad laboral es baja, estable y no representa ningún desborde del sistema judicial.
El relato -instalado primero por el macrismo y retomado ahora por La Libertad Avanza- sostiene que los trabajadores recurren masivamente a la Justicia y que eso frena la contratación, desalienta inversiones y pone en riesgo a las pequeñas empresas. Pero las evidencias disponibles contradicen esa narrativa.
Según un relevamiento del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, entre 2014 y 2023 la Justicia Nacional del Trabajo dictó 257.000 sentencias definitivas, un promedio de 25.700 por año. La cifra, publicada por el periodista Rodrigo Núñez en El Destape, representa apenas el 0,5% anual de la población ocupada formal del AMBA. Proyectado a una década, solo una mínima fracción de trabajadores accedió a una sentencia judicial.
Los informes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirman esta estabilidad: en marzo de 2024 se dictaron 3.542 sentencias, apenas por encima de las 3.381 del mismo mes del año anterior. Nada que se parezca al escenario de "avalancha" judicial que plantea el Gobierno.
A esto se suma otro dato revelador: los expedientes listos para sentencia -17.083 casos- equivalen a solo el 0,12% de la masa laboral del país. Un nivel casi idéntico al de los últimos años.
Lejos de una supuesta "cultura de la demanda", la enorme mayoría de los conflictos laborales se resuelve antes de entrar al sistema judicial. La vía más frecuente es la negociación directa entre las partes, seguida por acuerdos administrativos, instancias de conciliación obligatoria y arreglos espontáneos. Los juicios quedan reservados para situaciones graves o irresueltas, en las que los derechos vulnerados requieren intervención de un juez.
Otro punto clave para desmontar el mito oficial: gran parte de las demandas no se dirigen contra empleadores, y mucho menos contra Pymes, sino contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Los reclamos se vinculan a accidentes laborales o enfermedades profesionales dentro del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo. La propia Superintendencia del sector fue creada, justamente, para evitar que un siniestro pudiera comprometer financieramente a empresas pequeñas o medianas.
Solo se demanda al empleador en casos de trabajo no registrado o incumplimientos graves, situaciones que nada tienen que ver con el funcionamiento ordinario de la Justicia laboral.
La evidencia disponible muestra un escenario sereno, sin explosión de juicios, sin saturación del sistema y sin indicios de utilización abusiva de la Justicia. Sin embargo, el mito de la "industria del juicio laboral" persiste como argumento político para impulsar cambios que afectan derechos consolidados de los trabajadores.
En medio del debate parlamentario, los números aportan un contrapunto imprescindible: lejos de un problema judicial, lo que existe es una construcción discursiva destinada a justificar una reforma que modifica de manera profunda -y en muchos puntos regresiva- las condiciones laborales en la Argentina.
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