JUSTICIA LABORAL . Avanza el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad y crece la tensión con jueces y gremios

El Gobierno nacional y la administración porteña firmaron un acuerdo para avanzar en el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que deberá ser aprobada por el Congreso para entrar en vigencia. La decisión reactivó un debate histórico sobre la autonomía porteña y generó inmediatas reacciones en el ámbito judicial y sindical.

Según lo informado, el convenio establece que la transferencia se realizará de manera progresiva y que la Ciudad asumirá las competencias, estructuras y recursos necesarios para el funcionamiento del fuero laboral. Desde el oficialismo sostienen que se trata de un paso más en el proceso de consolidación de la autonomía porteña, iniciado tras la reforma constitucional de 1994.

El acuerdo fue impulsado por el Gobierno nacional y respaldado por la gestión de la Ciudad, que ahora deberá afrontar el desafío presupuestario y operativo que implica absorber la totalidad de las causas laborales. La transferencia incluiría no sólo los expedientes en trámite sino también la estructura administrativa y los cargos correspondientes, lo que supone una reconfiguración institucional de peso.

Sin embargo, el anuncio encendió alertas entre los jueces nacionales del trabajo, quienes manifestaron su rechazo a la medida y advirtieron sobre posibles afectaciones a la estabilidad y funcionamiento del fuero. Asociaciones de magistrados convocaron a asambleas y no descartaron medidas de fuerza en coincidencia con el tratamiento legislativo del proyecto.

En paralelo, gremios vinculados al sector judicial y centrales sindicales expresaron su preocupación por el impacto que el traspaso podría tener en los derechos laborales y en el acceso a la justicia. Los sindicatos consideran que el cambio podría alterar criterios jurisprudenciales y condiciones de trabajo, en un contexto político marcado además por el debate de la reforma laboral en el Senado.

La iniciativa deberá atravesar el debate parlamentario en ambas cámaras para su aprobación definitiva. Mientras tanto, el tema ya instaló un nuevo foco de conflicto institucional que combina discusiones sobre autonomía, competencia judicial y política laboral, en un escenario donde el Congreso vuelve a ser el centro de la escena.