OBRAS SOCIALES. Ajuste y represalia: el Gobierno retiene $37.000 M y golpea a las obras sociales tras la movilización

A pesar del compromiso asumido con los gremios, el Gobierno apenas giró un tercio del monto acordado para regularizar la deuda con las obras sociales sindicales. El pasivo ronda los 60.000 millones de pesos y, según el esquema consensuado en octubre -en plena campaña electoral-, debía saldarse en tres cuotas entre ese mes y diciembre. Hasta ahora, solo se transfirieron 23.000 millones.

Lo cierto es que llegando a fin de año apenas se ha pagado una parte menor de la deuda con las obras sociales. La dilación del pago parece ser una maniobra del gobierno para retaliar al movimiento obrero en caso de protestas contra la reforma laboral, algo que no solo tuvo lugar sino que además la marcha del pasado jueves significó un triunfo palpable para la CGT.

Aun así, el Gobierno asegura que existe voluntad de pago, según informó La Nación, porque se trata de una deuda legítima, gestionada a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo encargado de supervisar obras sociales y prepagas. Allí, bajo la órbita de Lugones, fue designado Claudio Adrián Stivelman.

El acuerdo entre el ministro de Salud y los sindicatos preveía distribuir el total del monto en tres etapas para todas las prestadoras cuyas presentaciones estuvieran en regla. El primer pago debía concretarse antes de fin de octubre y los otros dos entre noviembre y diciembre.

Los recursos para saldar la deuda con las obras sociales provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por un porcentaje del aporte obligatorio que se descuenta de los salarios de trabajadores registrados. Durante la gestión del Frente de Todos, parte de esos fondos se derivaron a una cuenta del Banco Nación para generar intereses que permitieran financiar prestaciones subsidiadas, especialmente de alto costo o discapacidad. Según fuentes gremiales, ese dinero permanece allí desde el cambio de gobierno y estiman que el monto acumulado rondaría los 300.000 millones de pesos. Es decir, el dinero está, pero el gobierno no paga.