29 de abril de 2026
El presidente de la Corte Suprema cuestionó la judicialización de la política y dejó un mensaje que impacta de lleno en la reforma laboral, cuyo futuro se definirá en el máximo tribunal.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, encendió el debate político y sindical con una definición que no pasó desapercibida: cuestionó la "creciente judicialización" de las leyes y advirtió que los conflictos que no se resuelven en el ámbito político terminan escalando hasta el máximo tribunal. Aunque evitó referencias directas, sus palabras fueron leídas como un mensaje en clave sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Actualmente, la norma se encuentra vigente tras haber sido habilitada por la Cámara, luego de que el juez laboral Raúl Ojeda dictara una medida que la suspendía en primera instancia. Sin embargo, el conflicto sigue abierto: la CGT mantiene su estrategia judicial y reclama la inconstitucionalidad de la ley, una definición que inevitablemente deberá tomar la Corte Suprema.
En ese contexto, Rosatti fue contundente: "Los debates no se clausuran en el circuito político, sino que hay judicialización y en la Justicia siempre se busca la palabra de la Corte", sostuvo. Y agregó que este proceso "no contribuye a generar estabilidad", marcando una preocupación por el rol que viene asumiendo el Poder Judicial frente a reformas estructurales.
Pero además dejó otra definición clave: "Los jueces no son legisladores", una frase que pone límites al alcance de las decisiones judiciales sobre leyes votadas por el Congreso. Para el mundo sindical, esa afirmación abre interrogantes sobre cómo podría posicionarse el máximo tribunal cuando tenga que resolver el planteo de fondo contra la reforma laboral.
Hoy, el escenario es de máxima tensión: la reforma está en aplicación, pero bajo disputa judicial. La Cámara permitió su vigencia, pero el proceso continúa con cuestionamientos de fondo que no fueron resueltos y que ya tienen destino final en la Corte.
Desde la CGT, la estrategia es clara: avanzar con la declaración de inconstitucionalidad de una ley que consideran regresiva en derechos laborales. Del otro lado, el Gobierno apuesta a sostenerla como eje central de su programa económico.
En el medio, la Corte Suprema aparece como árbitro definitivo. Y en ese tablero, las palabras de Rosatti no solo describen un fenómeno: empiezan a leerse como una señal anticipada en una de las decisiones más sensibles del año.
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