DESREGULACIÓN. Sturzenegger prepara otra ola de desregulación y crece la alarma sindical por el impacto sobre el empleo

El gobierno de Javier Milei ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que promete abrir otro frente de conflicto con distintos sectores sindicales y profesionales. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, apunta a modificar regulaciones históricas vinculadas al transporte fluvial, la venta de medicamentos, el mercado inmobiliario y hasta el etiquetado frontal de alimentos.

Aunque desde la Casa Rosada presentan las medidas como una "modernización" orientada a reducir costos y eliminar trabas burocráticas, dentro de los sectores afectados crece la preocupación por el impacto laboral, la pérdida de puestos de trabajo y el debilitamiento de convenios colectivos y regulaciones profesionales.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto apunta al sistema de navegación y cabotaje en los ríos argentinos. El Gobierno busca modificar el régimen actual para permitir que barcos extranjeros puedan operar en el transporte interno nacional mediante permisos temporarios de hasta 180 días renovables.

Actualmente, el cabotaje está reservado para embarcaciones argentinas, tripulación nacional y oficiales locales. Por eso, el cambio encendió alarmas dentro del sector marítimo y fluvial, donde advierten que la medida podría significar una fuerte pérdida de empleo para trabajadores argentinos de la actividad naviera y portuaria.

Desde el sindicalismo marítimo vienen denunciando desde hace tiempo que avanzar sobre el cabotaje nacional representa una amenaza directa contra puestos de trabajo, salarios y soberanía logística. La posibilidad de que embarcaciones extranjeras operen rutas internas aparece como uno de los puntos más conflictivos del nuevo paquete desregulador.

Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a modificar el sistema de comercialización de medicamentos. El Gobierno busca flexibilizar las restricciones vigentes para habilitar la venta de medicamentos fuera de farmacias, incluyendo góndolas comerciales y plataformas online con entrega a domicilio.

La iniciativa genera preocupación dentro del sector farmacéutico y entre trabajadores de farmacias, que advierten sobre el impacto laboral y sanitario de la medida. Actualmente, gran parte de los medicamentos solo pueden venderse bajo supervisión farmacéutica y dentro de establecimientos habilitados.

La desregulación podría afectar tanto puestos de trabajo como controles sanitarios vinculados a la dispensa de medicamentos, en medio de un escenario donde el Gobierno ya viene impulsando flexibilizaciones sobre distintas actividades profesionales y comerciales.

El paquete también avanza sobre el mercado inmobiliario. Según trascendió, el proyecto eliminaría la obligatoriedad del título universitario y la matrícula habilitante para ejercer como corredor o martillero público. La reforma permitiría que cualquier persona pueda intervenir en operaciones inmobiliarias sin necesidad de pertenecer a colegios profesionales.

La medida ya genera rechazo dentro del sector inmobiliario y profesional, donde advierten que la iniciativa podría profundizar la precarización laboral, el deterioro profesional y la destrucción de estructuras regulatorias históricas.

A esto se suma además la intención oficial de avanzar contra la ley de etiquetado frontal de alimentos, sancionada en 2022, que obliga a incluir octógonos negros en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. El Gobierno analiza modificar o directamente derogar la normativa, impulsado por presiones de sectores de la industria alimenticia.

Para el sindicalismo y distintos sectores laborales, el nuevo paquete aparece como parte de una política más amplia de desregulación económica impulsada por el gobierno libertario. La preocupación central pasa por el impacto que estas medidas podrían tener sobre convenios colectivos, profesiones reguladas, empleo registrado y condiciones laborales históricas.

El avance sobre actividades reguladas vuelve además a poner en discusión el rol del Estado en áreas sensibles de la economía y el mercado laboral. Mientras el Gobierno insiste en eliminar controles y flexibilizar normas, distintos gremios advierten que detrás del discurso de la "desregulación" aparece un proceso de pérdida de derechos laborales y debilitamiento de sectores estratégicos.