ENERGÌA. Sin autonomía ni mérito: el nuevo ente de energía nace subordinado al poder político

El Decreto 452/2025, publicado hace dos dìas en el Boletín Oficial, vuelve a confirmar una tendencia que el Gobierno ya no se molesta en disimular: la consolidación de un modelo institucional donde las apariencias pesan más que las reglas, y donde los organismos técnicos se convierten en extensiones directas del poder político. La creación del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad no responde a una necesidad de mayor profesionalismo o independencia, sino al impulso de disciplinar, concentrar y controlar los resortes regulatorios bajo la órbita del Ministerio de Economía. Es un cambio de nombre y fachada para justificar lo mismo de siempre: designaciones a dedo, sin concursos, sin participación pública, sin garantías de idoneidad real.

Lo primero que llama la atención es la eliminación de cualquier proceso abierto de selección. No habrá concurso público, ni oposición, ni mecanismos competitivos para definir el Directorio del nuevo ente. La Secretaría de Energía "seleccionará" a los candidatos y elevará la propuesta al Presidente, quien podrá designarlos incluso si el Congreso guarda silencio o, peor aún, si se manifiesta en contra, dado que la opinión parlamentaria no es vinculante. Todo queda en manos del Ejecutivo. No hay transparencia, no hay mérito, no hay posibilidad de que especialistas con trayectoria puedan presentarse en igualdad de condiciones. Se consolida así una estructura verticalista, impermeable a cualquier lógica republicana, donde las credenciales técnicas se invocan, pero no se comprueban ni se valoran con rigor.

El Decreto menciona como requisito que los miembros del Directorio posean "antecedentes técnicos y profesionales" en los sectores eléctrico y gasífero, pero esa formulación ambigua solo sirve para legitimar la discrecionalidad. No se define qué se entiende por "antecedentes técnicos", ni qué nivel de especialización se espera, ni qué organismo auditará esos perfiles. En otras palabras, basta con que un funcionario considere que alguien "sabe" para que ocupe un cargo clave en la regulación del sistema energético nacional. Es un cheque en blanco. Una coartada formal para nombrar militantes, funcionarios reciclados o cuadros obedientes, en vez de expertos con capacidad real para conducir políticas complejas en sectores estratégicos.

El cinismo institucional se expresa también en el mecanismo de remoción: los directores pueden ser separados por "acto fundado del Poder Ejecutivo". Así, la promesa de mandatos estables y escalonados es solo una ilusión. El que incomode, se va. El que se discipline, se queda. La supuesta autonomía se convierte en una anécdota administrativa: todo dependerá de la voluntad del Ministro o del Presidente de turno. Ni siquiera se prevé una auditoría externa para verificar las incompatibilidades que el mismo decreto enumera. Se prohíbe que los directores tengan intereses en empresas reguladas, pero no se explica quién lo controla ni con qué herramientas. La confianza, como siempre, es ciega... y peligrosa.

Este nuevo ente, lejos de garantizar independencia y calidad regulatoria, consolida una lógica de conducción política del sector energético sin controles ni balances. Bajo el relato de la profesionalización, se esconde la expulsión de cualquier mecanismo participativo. El país no necesita entes que reproduzcan las decisiones del Ejecutivo con membrete nuevo; necesita organismos con autoridad técnica real, capacidad de interlocución con el sector y legitimidad social. Nada de eso se construye con decretos redactados para concentrar poder.

El Decreto 452/2025 no inaugura una etapa de mejor regulación, sino de mayor subordinación institucional. Es, en definitiva, otra oportunidad perdida para reconstruir una estructura energética moderna, confiable y autónoma.