12 de febrero de 2026
Un informe oficial revela miles de bajas voluntarias y sueldos que no alcanzan la línea de pobreza, en medio del malestar creciente en policías y fuerzas federales.
El malestar por los bajos salarios ya no es un rumor puertas adentro de los cuarteles: se extiende a distintas fuerzas de seguridad y enciende alertas en el Gobierno nacional. La preocupación escaló luego de que se conocieran cifras oficiales que muestran un aumento de bajas voluntarias en los últimos meses, mientras los sueldos de gran parte del personal apenas rozan los $900 mil mensuales, por debajo de la línea de pobreza.
Según datos incluidos en el informe número 144 presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso, entre enero y julio de 2025 se registraron 2.273 bajas voluntarias en fuerzas armadas y de seguridad. En detalle, se fueron 386 efectivos de Gendarmería, 322 de Prefectura, 412 de la Policía Federal, 177 de la PSA y 292 del Servicio Penitenciario Federal, números que reflejan un desgaste creciente en las filas.
En este contexto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, suspendió un viaje al exterior ante el temor de que la protesta policial se amplíe y contagie a otras fuerzas federales. La preocupación oficial radica en que el reclamo salarial, que ya tuvo expresiones públicas en algunas provincias, pueda derivar en medidas de fuerza o en un escenario de mayor conflictividad institucional.
Actualmente, la mayor parte de los casi 70 mil efectivos de las fuerzas federales percibe ingresos que rondan los $900 mil mensuales, mientras que entre un agente y un comisario mayor los salarios promedio oscilan entre $1,2 y $1,8 millón. Aunque algunos adicionales compensan tareas específicas, esos montos no siempre impactan en la jubilación y son considerados insuficientes frente al costo de vida.
El malestar también se expresa en redes sociales y en manifestaciones aisladas. En distintas provincias ya se registraron protestas encabezadas por familiares de efectivos, quienes denuncian precarización laboral, sueldos que no cubren las necesidades básicas y falta de respuestas oficiales. La situación revive tensiones históricas dentro de las fuerzas, que en otros momentos derivaron en reclamos masivos.
En paralelo, desde el Ejecutivo evitaron hacer declaraciones públicas de fondo sobre la cuestión salarial y se limitan a señalar que el tema está bajo análisis. Mientras tanto, el Congreso ya recibió el informe con los datos oficiales y la situación salarial de las fuerzas de seguridad comienza a instalarse como un nuevo frente de conflicto político y social.
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