AJUSTE SIN FIN. La motosierra avanzó sobre el INYM: despidieron a un cuarto del personal y temen más cesantías

La política de ajuste del Gobierno nacional llegó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Este lunes, 21 de los 84 trabajadores del organismo fueron notificados de su despido, una decisión que implica la cesantía de una cuarta parte del plantel..

La medida fue adoptada por el directorio del Instituto a menos de tres semanas de la asunción de Rodrigo Correa, un contador de orientación libertaria designado por el Ejecutivo nacional como presidente del INYM, tras dos años de acefalía. El funcionario no cuenta con antecedentes en la actividad yerbatera.

Este martes se concretaron las notificaciones de despido y, según versiones internas, no se descartan nuevas desvinculaciones en las próximas semanas. El recorte de personal se inscribe en la estrategia de desregulación total de la economía yerbatera que el Gobierno impulsa desde diciembre de 2023. Entre los despedidos se encuentran dos trabajadores delegados sindicales pertenecientes a ATE.

Los despidos forman parte de un proceso de vaciamiento del INYM, una entidad creada en 2021 para revertir la profunda crisis que atravesaba el sector tras la desregulación aplicada durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella crisis derivó en una histórica protesta de productores que avanzaron con camiones y tractores hasta Posadas y mantuvieron un acampe durante más de un mes, hasta lograr la sanción de la ley que dio origen al Instituto.

El INYM se financia a través de una estampilla incluida en los paquetes de yerba, por lo que no representa un costo para el Estado. Desde su creación, permitió una recomposición del precio de la hoja verde, mejoró la rentabilidad de los productores, impulsó la calidad del producto y promovió la apertura de nuevos mercados internacionales, además de campañas para fomentar el consumo.

El primer golpe a la actividad llegó con el Decreto 70/2023, que le quitó al Instituto la facultad de fijar precios de referencia semestrales para la hoja verde y la yerba mate canchada. Esa decisión provocó un fuerte atraso en los valores que reciben los productores: la cosecha gruesa de 2025 cerró con precios promedio de 280 pesos, similares a los fijados por el laudo de octubre de 2023, mientras que los plazos de pago se extendieron hasta 180 días.

El Gobierno también derogó la normativa que limitaba nuevas plantaciones, una herramienta clave para evitar la sobreoferta de materia prima y sostener el equilibrio entre producción y demanda.

Las políticas desreguladoras vienen golpeando con fuerza al sector yerbatero, que protagonizó distintas medidas de fuerza entre 2024 y 2025, la última de ellas en diciembre pasado, en rechazo al deterioro de los precios y las condiciones de comercialización.