INDEMNIZACIÒN. Fin de la indemnización: el Gobierno habilita fondos privados para que los trabajadores paguen su propio despido

En un nuevo paso hacia la desregulación del mercado laboral, el Gobierno de Javier Milei puso en marcha un sistema que permite reemplazar las indemnizaciones por despido por fondos de inversión privados, que podrían ser financiados, incluso, por los propios trabajadores. Así lo establece la Resolución General 1071 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), publicada en el Boletín Oficial el pasado 18 de junio, que habilita la creación de Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral.

Según el esquema aprobado, estos fondos podrán ser utilizados para cubrir los costos de desvinculación laboral en reemplazo de las indemnizaciones establecidas por ley. Pero la clave está en que su aplicación no será automática, sino que deberá estar prevista en convenios colectivos de trabajo, negociados entre sindicatos y empleadores. Es decir, la medida deja la puerta abierta a que los sectores más débiles de la relación laboral -como los trabajadores no organizados o de ramas con alta precarización- terminen sin la cobertura histórica que ofrecía la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Un cambio estructural: el despido como ahorro

El nuevo régimen plantea la creación de fondos que podrán tener tres formatos: por empresa, por sector o incluso individuales. En todos los casos, se tratará de instrumentos financieros regulados por la CNV, que funcionarán bajo la forma de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros. La particularidad más polémica es que podrán nutrirse con aportes de las empresas, de los sindicatos, de los propios trabajadores o una combinación de todos ellos.

Así, en lugar de recibir una indemnización proporcional a la antigüedad y al último sueldo -como establece el artículo 245 de la LCT-, el trabajador accederá al fondo acumulado a lo largo del tiempo. El valor de ese fondo no dependerá del motivo del despido ni de su duración en la empresa, sino del rendimiento del capital invertido y del monto efectivamente aportado.

Desde el Gobierno destacan que el nuevo sistema brindará mayor previsibilidad a las empresas, reducirá el "costo de despido" y fomentará el crecimiento del mercado de capitales. "Buscamos una transformación estructural que combine libertad económica con protección social", señaló Roberto Silva, presidente de la CNV.

Riesgos para el trabajador

Para los especialistas en derecho laboral, el régimen representa una clara flexibilización en perjuicio del trabajador. El modelo ya ha sido impulsado en países con sistemas de empleo mucho más estables y con mayores controles estatales, pero en contextos como el argentino -donde el 45% del empleo es informal y el poder sindical está bajo presión-, la implementación podría tener consecuencias regresivas.

El principal problema, advierten, es que la desvinculación dejaría de ser un costo para el empleador. En efecto, si la empresa deja de estar obligada a pagar una indemnización directa y en cambio se apoya en un fondo preexistente (incluso financiado por el propio trabajador), el incentivo a sostener el vínculo laboral se reduce notablemente.

Además, no hay garantías de que esos fondos alcancen para cubrir el valor que representaría una indemnización tradicional, sobre todo en contextos de alta inflación o bajo rendimiento financiero. Y aunque la norma establece que los fondos serán inembargables y supervisados, nada impide que pierdan valor o sean mal administrados, dejando a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad.

¿Qué dicen los gremios?

Hasta el momento, no hubo una reacción oficial de la CGT ni de las principales centrales sindicales, aunque desde distintos sectores del movimiento obrero ya advierten que este tipo de normas va en línea con una estrategia sistemática de vaciamiento de derechos.

Un dirigente del sector industrial afirmó a Identidad Sindical que este régimen "traslada el costo del despido al trabajador, es decir, lo hace responsable de financiar su propia desvinculación". Otro sindicalista del sector servicios anticipó que no descartan recurrir a la justicia o incluso convocar a protestas si el sistema se intenta aplicar por fuera de convenios negociados.