22 de mayo de 2026
Trabajadores del organismo acusan a la conducción de impulsar recategorizaciones irregulares que beneficiarían a personas cercanas al Gobierno, familiares de funcionarios y dirigentes alineados con el oficialismo.
Un fuerte escándalo interno sacude a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de que trascendiera una polémica resolución que habilitó 246 ascensos y recategorizaciones dentro del organismo, generando denuncias por favoritismos políticos, acomodos y beneficios para personas vinculadas al poder libertario. La medida provocó un profundo malestar entre trabajadores de carrera, que denuncian que las promociones ignoraron criterios básicos establecidos en el convenio colectivo, como la antigüedad, la idoneidad técnica y la formación profesional.
Las críticas crecieron todavía más luego de conocerse que entre los beneficiados aparecen familiares de altos funcionarios y personas cercanas al círculo político del gobierno de Javier Milei. Uno de los casos que más repercusión generó fue el de la vocera del ministro de Economía, Luis Caputo, señalada como una de las personas alcanzadas por las recategorizaciones internas.
Según trascendió, la funcionaria habría sido promovida dentro de ARCA mediante un esquema cuestionado por trabajadores y sectores gremiales, en medio de fuertes acusaciones sobre discrecionalidad y favoritismos políticos. La situación desató indignación dentro del organismo, donde muchos empleados esperan durante años concursos y evaluaciones internas para acceder a mejoras escalafonarias.
Otro de los nombres apuntados es el de Nicolás Andrés Velis, hijo del titular de la Aduana, quien también habría recibido un ascenso acelerado dentro de la estructura del organismo. Trabajadores denunciaron que varias de las promociones se realizaron salteando categorías completas y sin respetar los mecanismos habituales previstos en el convenio colectivo.
"Las recategorizaciones pasaron por alto las normativas de idoneidad, antigüedad y formación académica", remarcaron trabajadores del organismo, que comenzaron a expresar públicamente su malestar. Incluso aparecieron volantes anónimos en la sede central de ARCA denunciando supuestos acomodos y exhibiendo nombres de los beneficiados por las promociones.
La resolución fue firmada por Andrés Vázquez, actual director general de ARCA, y alcanzó tanto a trabajadores de la Dirección General Impositiva (DGI) como de la Aduana. Según trascendió, algunas de las recategorizaciones implican mejoras salariales millonarias y ascensos hacia los escalafones más altos del organismo.
Algunos ascensos representarían ingresos cercanos a los seis millones de pesos mensuales, generando todavía más tensión en un contexto donde el Gobierno nacional impulsa ajustes sobre salarios estatales y reducción del gasto público.
La situación también abrió cuestionamientos políticos hacia el discurso "anticasta" promovido por Javier Milei. Trabajadores y sectores gremiales señalan una fuerte contradicción entre el relato oficial sobre meritocracia y transparencia y las prácticas denunciadas dentro de un organismo clave del Estado.
"Mientras el Gobierno habla contra la casta, dentro de ARCA aparecen ascensos para personas vinculadas políticamente al oficialismo", sostienen trabajadores que cuestionan la falta de concursos transparentes y el manejo discrecional de las promociones.
El conflicto interno amenaza además con profundizarse dentro de un área estratégica para el Estado nacional, encargada de la recaudación impositiva y del control aduanero. Trabajadores advierten que el clima de malestar interno y las sospechas de favoritismos podrían afectar el funcionamiento operativo del organismo.
Desde sectores gremiales también cuestionan que muchas de las recategorizaciones se realizaron sin participación sindical y violando criterios establecidos en el convenio colectivo. "A dedo. Eso nunca", expresaron trabajadores citados en las denuncias internas, reflejando la tensión creciente dentro de ARCA.
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