Política. El Gobierno acelera la venta de AySA y crece la pelea por el negocio del agua

El Gobierno acelera el proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que presta los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano. La intención oficial es poner en marcha durante agosto una licitación que podría convertirse en una de las operaciones más importantes del programa de venta de activos estatales.

El cronograma establece que el 12 de agosto terminaría el plazo para comprar los pliegos y que, quince días más tarde, se presentarían las ofertas. Sin embargo, el proceso genera interrogantes porque el Ejecutivo decidió no establecer un precio mínimo para la compañía ni publicar una base oficial y definitiva sobre la cantidad de usuarios alcanzados por el servicio.

La falta de información precisa podría condicionar la valuación y el nivel de competencia. De acuerdo con las estimaciones que circulan dentro del sector, AySA tendría alrededor de 14 millones de usuarios, aunque las cifras cambian según se contabilicen personas, hogares o conexiones. Esa diferencia dificulta determinar el valor real de la empresa y la dimensión del negocio que pasará a manos privadas.

Entre los principales interesados aparece Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, una compañía que desde hace años provee insumos químicos utilizados para la potabilización del agua. El empresario también tiene participación en Edenor y mantiene vínculos comerciales con firmas relacionadas con los servicios públicos, lo que lo posiciona como uno de los aspirantes con mayor conocimiento sobre el funcionamiento de AySA.

Otro de los nombres que circula es el del Grupo Roggio, histórico operador de concesiones, infraestructura y servicios urbanos. La compañía controla Aguas Cordobesas y anteriormente estuvo vinculada con la gestión de Aguas Argentinas. También desarrolló actividades en transporte, construcción y recolección de residuos, aunque algunos de sus principales ejecutivos fueron involucrados en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

El tercer grupo empresario mencionado está relacionado con Juan Carlos Relats, con experiencia en infraestructura, hotelería y prestación de servicios. Su nombre también apareció en expedientes judiciales vinculados con la obra pública y las contrataciones estatales durante distintos gobiernos. Los antecedentes de los aspirantes vuelven a quedar así en el centro de la discusión sobre quién podría asumir el control de la compañía.

En paralelo, se especula con la posible participación de empresas internacionales. Una de ellas sería la francesa Veolia, aunque todavía no existen señales firmes de que vaya a presentar una oferta. El Gobierno busca que el futuro operador acredite experiencia técnica, capacidad de inversión y respaldo financiero para administrar una red de gran escala.

La privatización contemplaría una concesión por 30 años, con la posibilidad de extenderla durante otros diez. En ese período, el adjudicatario deberá ejecutar un plan de obras para ampliar la cobertura de agua potable y cloacas, renovar cañerías y garantizar el mantenimiento de la infraestructura existente.

Uno de los principales desafíos será completar trabajos postergados, como la ampliación de plantas potabilizadoras, la extensión de las redes en el conurbano y la incorporación de nuevos usuarios. Aunque la cobertura de agua potable alcanza a una parte mayoritaria de la población atendida, el acceso a las cloacas todavía presenta fuertes diferencias entre la Ciudad y los municipios bonaerenses.

El Gobierno estima que la venta inicial de acciones podría generar un ingreso cercano a los US$450 millones, mientras el Estado conservaría una participación minoritaria y una parte quedaría destinada a los trabajadores mediante el programa de propiedad participada. Además, el sindicato consiguió que el convenio colectivo garantice la continuidad laboral de los empleados hasta 2028, una condición que deberá respetar el futuro concesionario. Con la apertura de los pliegos prevista para agosto, comenzará la etapa decisiva de una privatización que pondrá en juego el control de un servicio esencial para millones de personas.