21 de enero de 2026
Un operativo sorpresivo con fuerzas federales tomó el control total del puerto fueguino, desalojó al personal y abrió un fuerte conflicto político, sindical y laboral en una infraestructura clave para la provincia.
Un operativo de gran magnitud desplegado durante la madrugada dejó bajo intervención nacional al Puerto de Ushuaia, en una acción que incluyó el ingreso de Prefectura Naval, la toma de oficinas administrativas y sectores operativos, y el desalojo inmediato de los trabajadores que se encontraban cumpliendo funciones.
Según denunciaron los gremios y testigos en el lugar, el procedimiento se realizó sin previo aviso, pasada la medianoche y con fuerte presencia de fuerzas de seguridad, lo que generó una situación de incertidumbre total sobre la continuidad laboral de cientos de familias que dependen directa o indirectamente del funcionamiento del puerto.
Desde la CGT Regional Ushuaia repudiaron el accionar del Gobierno nacional y advirtieron que se trata de "un atropello que no puede pasar como si nada", cuestionando que la intervención se haya ejecutado en silencio y por la fuerza, sin explicaciones públicas ni resguardo para los trabajadores portuarios.
En paralelo, el gobernador Gustavo Melella aseguró que la provincia mantiene "diálogo permanente con Nación" y afirmó que el puerto opera con normalidad, en el marco de una temporada récord de cruceros y actividad logística. Sin embargo, en Tierra del Fuego crecen las versiones que hablan de una disputa de fondo por el control estratégico del puerto, con intereses privados y geopolíticos en juego.
Algunas fuentes señalan que la intervención podría estar vinculada a un eventual acuerdo internacional con Estados Unidos, que incluiría al Puerto de Ushuaia como punto estratégico, mientras otras versiones apuntan a una entrega de la operatoria al grupo Mirgor, en una maniobra coordinada entre Nación y Provincia que hoy está bajo fuerte cuestionamiento.
La medida, impulsada por el gobierno de Javier Milei, cayó de manera sorpresiva, pese a que -según se informó- la Provincia ya había respondido todas las objeciones e inspecciones realizadas desde Nación, tras una denuncia presentada en septiembre de 2025 por sectores vinculados a la actividad portuaria.
Por estas horas, se aguarda la definición del Gobierno provincial sobre si recurrirá la intervención por vía administrativa o judicial, en defensa de la autonomía provincial, mientras el puerto continúa operando bajo conducción de la Agencia nacional, en un clima de máxima tensión política, sindical y social en la provincia más austral del país.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.