23 de marzo de 2026
El deterioro laboral se combina con una caída en la imagen del Gobierno y empieza a marcar un cambio de clima social.
Las últimas encuestas nacionales coinciden en un punto central: la situación del empleo y los ingresos se deteriora y pasa a ser una de las principales preocupaciones de la sociedad, en paralelo a una baja en la valoración del Gobierno de Javier Milei.
Uno de los datos más contundentes es que solo el 7,3% de los argentinos tiene un trabajo con ingresos suficientes y estabilidad, lo que refleja un mercado laboral cada vez más frágil y con menor capacidad de sostener condiciones dignas.
Al mismo tiempo, el 29% de los trabajadores afirma que tiene empleo pero no le alcanza para vivir, mientras que el 13,9% se encuentra en situaciones laborales inestables, consolidando un escenario de fuerte precarización.
En ese sentido, las encuestas muestran que la desocupación ya aparece con un 21,4% entre las principales preocupaciones, ubicándose detrás de la corrupción (34,9%) y por encima de la inflación, lo que marca un cambio en las prioridades sociales.
Este deterioro del mundo del trabajo se da en paralelo a una caída en la imagen del Gobierno: la evaluación negativa de la gestión alcanza el 59,8%, mientras que la positiva queda en 37,2%, evidenciando un desgaste creciente.
La imagen personal de Milei también refleja esa tendencia: casi el 50% la evalúa negativamente, mientras que los niveles de aprobación comienzan a mostrar un estancamiento que pone en duda la continuidad del respaldo inicial.
Otro dato relevante es que la mayoría de la sociedad empieza a señalar al Gobierno actual como principal responsable de la crisis, superando incluso al anterior, lo que indica que el "efecto herencia" comienza a diluirse.
Además, el clima social se tensiona aún más cuando se analiza el esfuerzo económico: el 56% de los argentinos considera que el ajuste no vale la pena, en un contexto donde los resultados no se ven reflejados en el bolsillo ni en el empleo.
En este escenario, el modelo económico empieza a mostrar sus límites: con empleo en deterioro, salarios que no alcanzan y desocupación en alza, el costo del ajuste recae principalmente sobre los trabajadores y trabajadoras, mientras crece el desgaste político del Gobierno.
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