CORTE SUPREMA. Revés para Milei: la Corte declaró "inadmisible" el intento del Gobierno de acelerar la reforma laboral

El Gobierno de Javier Milei recibió un nuevo golpe judicial en uno de los puntos centrales de su programa económico y laboral. La Corte Suprema de Justicia declaró "inadmisible" el pedido presentado por la Procuración del Tesoro para aplicar el "per saltum" y acelerar la definición sobre la reforma laboral, en una decisión que representa un fuerte revés para la estrategia judicial del oficialismo.

La resolución del máximo tribunal implica que el expediente continuará transitando las instancias judiciales habituales y deja sin efecto el intento del Gobierno de obtener una definición rápida sobre la constitucionalidad de la reforma. Para el movimiento sindical y los sectores que vienen cuestionando los cambios laborales impulsados por la Casa Rosada, la noticia fue tomada como un fuerte respaldo judicial.

Desde la CGT habían advertido desde el inicio que gran parte de la reforma implicaba un avance sobre derechos laborales históricos, convenios colectivos y herramientas sindicales. En ese marco, distintos gremios y abogados laboralistas impulsaron presentaciones judiciales contra distintos puntos de la iniciativa oficial. Al momento de conocerse la decisión de la Corte, la CGT se encontraba reunida con rectores de universidades públicas en la sede de Azopardo. Allí, el cotitular cegetista Cristian Jerónimo comunicó la noticia ante los presentes y recibió el aplauso y festejo de dirigentes sindicales que seguían con atención la resolución judicial.

El "per saltum" es un mecanismo excepcional mediante el cual la Corte puede intervenir directamente en una causa sin esperar que pasen todas las instancias inferiores. Sin embargo, los jueces consideraron que no estaban dadas las condiciones para habilitar esa vía extraordinaria, motivo por el cual el expediente seguirá en tribunales inferiores.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno había generado un fuerte rechazo sindical por puntos vinculados a indemnizaciones, derecho a huelga, registración laboral, ultraactividad de convenios y limitaciones a medidas gremiales. Para las centrales obreras, el paquete representa una flexibilización laboral que afecta derechos conquistados históricamente por los trabajadores.

En el universo sindical, la decisión fue interpretada como una derrota política para el oficialismo. La imposibilidad de acelerar una definición en la Corte deja abierta una pelea judicial que podría extenderse durante meses, mientras continúan las discusiones sobre la constitucionalidad de los cambios laborales promovidos por el Ejecutivo.

Aun así, la resolución de la Corte no implica el cierre definitivo del debate. El máximo tribunal no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, sino únicamente sobre el mecanismo elegido por el Gobierno para llegar de manera directa a esa instancia. La discusión sobre la reforma laboral seguirá abierta y podría volver a llegar a la Corte en el futuro.