25 de mayo de 2026
Mara Rivera, dirigente de APSEE, cuestionó al Gobierno y a las empresas eléctricas tras el incendio en una subestación de Edesur que dejó a más de 70 mil usuarios sin servicio.
El nuevo apagón que afectó a más de 70 mil usuarios tras el incendio en una subestación de Edesur volvió a poner bajo la lupa el estado del sistema energético y el rol de las empresas privatizadas. En diálogo con Víctor Hugo Morales, la dirigente sindical Mara Rivera, integrante de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei y las distribuidoras eléctricas por la falta de controles y el deterioro creciente del servicio.
Rivera aseguró que lo ocurrido "es un episodio más de los 32 años de privatización", aunque advirtió que la situación actual se agravó por la política del Gobierno nacional hacia las empresas energéticas.
"Tenemos un gobierno que no controla a la empresa y además le condona las deudas", denunció la dirigente sindical, en referencia a Edesur y Edenor. Para Rivera, el problema ya no pasa solamente por los cortes de luz, sino también por la falta de intervención estatal frente a compañías que continúan recibiendo beneficios mientras empeora la calidad del servicio.
En ese marco, cuestionó que mientras las tarifas aumentan constantemente, los usuarios siguen padeciendo interrupciones masivas y problemas estructurales en el suministro eléctrico. Según explicó, el deterioro del servicio impacta directamente sobre la vida cotidiana de millones de personas.
"La luz está más cara, pero no tenemos servicio", expresó Rivera al describir el escenario actual. Además, sostuvo que las tarifas siguen aumentando mientras la calidad de prestación empeora cada vez más, afectando tanto a hogares como a comercios y trabajadores.
El incendio en la subestación eléctrica volvió a dejar a miles de hogares sin suministro en distintos barrios y generó complicaciones en viviendas, comercios y servicios esenciales. Aunque parte del servicio comenzó a restablecerse horas después, todavía permanecían usuarios afectados.
Para la representante de APSEE, la situación responde a un problema estructural que se arrastra desde hace años y que hoy se profundiza por la falta de controles y de inversión.
"Esto ya lo venimos viviendo, pero ahora se encrudece con la falta de un Estado presente", afirmó. En esa línea, advirtió que el problema energético no puede analizarse como un hecho aislado sino como parte de un sistema que viene deteriorándose desde hace décadas.
Rivera también apuntó contra las decisiones oficiales vinculadas a las empresas distribuidoras y cuestionó los alivios financieros otorgados por el Estado mientras continúan los cortes de suministro.
"No solo les quitan el control, sino que también les condonan las deudas a Edesur y Edenor", denunció nuevamente. Según indicó, mientras las empresas reciben beneficios y reducciones de deuda, los usuarios siguen enfrentando tarifas más caras y un servicio cada vez más deficiente.
El apagón vuelve además a poner en discusión el estado de la infraestructura energética en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el funcionamiento del sistema privatizado vigente desde la década del noventa.
Desde distintos sectores sindicales vienen reclamando mayores controles sobre las distribuidoras eléctricas y advirtiendo sobre la falta de inversión, el deterioro operativo y las consecuencias que esto tiene sobre millones de usuarios.
"No puede ser que con tarifas dolarizadas sigamos teniendo cortes de luz masivos", sostuvo Rivera. Y concluyó con una fuerte definición sobre el rol estratégico del sector energético: "La energía es un servicio esencial y no puede quedar librada únicamente al negocio empresario".
En medio de nuevos aumentos tarifarios y recurrentes fallas en el suministro, el episodio vuelve a abrir el debate sobre el rol del Estado, las privatizaciones y el impacto que tiene el deterioro del sistema energético sobre trabajadores, jubilados y usuarios en todo el país.
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