24 de marzo de 2026
Un repaso histórico expone cómo muchas de las medidas actuales retoman el camino iniciado en 1976 contra el movimiento obrero organizado.
por
Leandro Blanco
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo como excusa pública el combate a la guerrilla, pero rápidamente quedó en evidencia que su verdadero objetivo era imponer un modelo económico liberal y debilitar al movimiento obrero organizado, condición necesaria para avanzar sin resistencia sobre los derechos laborales.
Esa estrategia comenzó desde el primer día. La misma noche del golpe fueron detenidos dirigentes sindicales clave como Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez, Jorge Triaca, Rogelio Papagno, Pedro Datoli y Lesio Romero, entre otros, en una señal clara de que el blanco principal no era solo político, sino también sindical.
Al día siguiente, el 25 de marzo, la dictadura avanzó con la intervención de la CGT, y el 1° de abril hizo lo propio con los principales gremios del país: Telefónicos, UOM, UOCRA, Prensa, Petroleros, SMATA, entre otros, desarticulando la estructura sindical.
En paralelo, el mismo 24 de marzo se dictaron tres decretos clave: la suspensión del derecho a huelga, la eliminación del fuero sindical y la aplicación de la ley de residencia, lo que demuestra que el ataque a los trabajadores estaba planificado con antelación.

Con el correr de los meses, el régimen profundizó el ajuste sobre el movimiento obrero. Se prohibieron las asambleas, reuniones, congresos y elecciones sindicales, mientras que la llamada ley de seguridad industrial establecía penas de hasta diez años de prisión por medidas de fuerza como huelgas o trabajo a desgano.
El 24 de abril de 1976, la dictadura avanzó sobre uno de los pilares del derecho laboral: la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974, recortando derechos y debilitando el poder de negociación de los trabajadores.
Además, se dispuso la prohibición del descuento obligatorio de la cuota sindical, una medida que buscaba desfinanciar a las organizaciones gremiales. Sin embargo, lejos de debilitarse, los trabajadores respondieron con una reafiliación masiva que superó los niveles previos, mostrando la resistencia del movimiento obrero.
Esa resistencia tuvo uno de sus puntos más altos en octubre de 1976, cuando el sindicato de Luz y Fuerza paralizó SEGBA -la actual Edenor y Edesur- tras el despido de 260 trabajadores, en un conflicto que puso en jaque al poder militar.
En ese contexto, el Buenos Aires Herald planteó con crudeza la disputa de fondo: "El resultado de la huelga decidirá quién gobierna el país: las Fuerzas Armadas o los sindicatos peronistas", evidenciando que el conflicto central era con el movimiento obrero.
El 8 de febrero de 1977, el gobierno militar se vio obligado a ceder y aceptó los reclamos sindicales, firmando un convenio que levantó la huelga, en lo que representó una victoria parcial de los trabajadores.
Sin embargo, la respuesta del poder fue brutal. Días después, el dirigente Oscar Smith fue secuestrado y desaparecido junto a doce delegados, y el gobierno dio marcha atrás con el acuerdo firmado, dejando en claro los límites que imponía la dictadura.

Para ese entonces, la guerrilla ya estaba derrotada, pero el verdadero problema para el régimen seguía siendo un movimiento obrero organizado, activo y difícil de disciplinar, que continuaba resistiendo el modelo económico.
A 50 años de aquellos hechos, la comparación vuelve a instalarse. La reciente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei retoma varios de esos ejes históricos, con medidas que apuntan a reducir derechos, flexibilizar condiciones laborales y debilitar el rol de los sindicatos.
En ese marco, se avanza sobre la Ley de Contrato de Trabajo -la misma que fue modificada en 1976- y se introducen cambios que afectan la negociación colectiva, los mecanismos de representación y el poder de organización de los trabajadores.
Si bien los contextos históricos son distintos, la lógica de fondo muestra similitudes: avanzar con reformas estructurales sobre el trabajo requiere limitar la capacidad de resistencia sindical, tal como ocurrió durante la dictadura.
En ese marco, la historia vuelve a ofrecer una advertencia: cada vez que se intentó imponer un modelo económico regresivo, el primer objetivo fue el movimiento obrero organizado, y la reacción de los trabajadores ha sido, una y otra vez, el principal límite.
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