Tras la disolución del organismo dispuesta por el Gobierno nacional, el Partido Justicialista solicitó que se le transfieran los bienes y el acervo histórico del Instituto. Denuncian una "persecución ideológica" y se comprometen a conservar el patrimonio sin financiamiento estatal.
La central obrera cuestionó la decisión del Gobierno nacional, al considerarla parte de un plan de persecución ideológica y desmantelamiento cultural, y reclamó que los archivos y bienes del Instituto sean entregados a la CGT.
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